El gobierno argentino anunció la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como parte de su estrategia para reducir el gasto estatal y la burocracia. En su lugar, se creará la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con el objetivo de generar un ahorro anual estimado de 6.400 millones de pesos y modernizar la estructura tributaria del país.
Reestructuración y Ahorros
El nuevo organismo implica una reducción del 45% en las autoridades superiores y un 31% en los niveles inferiores, eliminando el 34% de la estructura actual de la AFIP. Además, se desvincularán 3.155 empleados, principalmente aquellos que, según el Gobierno, ingresaron de manera irregular durante el gobierno kirchnerista.
El ahorro no solo vendrá de la reducción del personal, sino también de la eliminación de la Cuenta de Jerarquización para altos cargos. El salario del titular de la nueva ARCA, Florencia Misrahi, se equiparará al de un ministro, en alrededor de 4 millones de pesos mensuales, y los directores de las áreas clave, como la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA), tendrán salarios ajustados bajo el mismo esquema.
Ventajas de la Medida
Ahorro fiscal significativo: Se estima un ahorro de 6.400 millones de pesos al año.
Reducción de burocracia: El nuevo ente promete una estructura más ágil y menos costosa.
Modernización de la recaudación: La ARCA buscará mejorar los mecanismos de control aduanero y recaudación de impuestos.
Desventajas y desafíos
Impacto laboral: La desvinculación de más de 3.000 empleados generará tensiones con los sindicatos, que ya anunciaron medidas de fuerza.
Riesgo de transición: La reorganización de un organismo tan importante puede generar complicaciones en la gestión de la recaudación y el control aduanero en el corto plazo.
Resistencia política: La medida ya está generando críticas de sectores de la oposición, que acusan al gobierno de desmantelar instituciones clave.
El proyecto de disolver la AFIP y crear la ARCA es una medida ambiciosa para reducir el gasto público y optimizar la eficiencia de la administración tributaria. Sin embargo, deberá enfrentar fuertes resistencias por parte de los gremios y sectores de la oposición que consideran esta reestructuración como un golpe al empleo público.
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