🕵️♂️ Javier Milei, vigilado por la Justicia: la clave que podría complicarlo en el escándalo cripto
- NQP/NOTICIAS
- 25 feb
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📌 Investigación en marcha sobre el escándalo del token $LIBRA
La investigación sobre el escándalo cripto que involucra el token $LIBRA sigue su curso, y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado ha solicitado a la Policía Federal y a la Casa Militar los registros de acceso a la Quinta de Olivos para el 14 y 15 de febrero. Este paso busca aclarar si Javier Milei utilizó instalaciones oficiales para la publicación de un mensaje que generó reclamos legales.
⚖️ El foco de la investigación
El objetivo principal es determinar si el mandatario utilizó recursos estatales para promover el proyecto cripto, lo que podría involucrar cargos de abuso de autoridad, estafa agravada y cohecho. En paralelo, la investigación se enfoca en reuniones entre Milei y empresarios del ecosistema cripto, con nombres clave como Mauricio Gaspar Novelli y Julian Peh, quienes estuvieron involucrados en el lanzamiento de Libra.
💼 Reuniones bajo la lupa
El fiscal Eduardo Taiano ha solicitado el cotejo de los registros de audiencias oficiales del Ministerio del Interior para verificar la frecuencia y el contenido de las reuniones entre funcionarios y empresarios vinculados al ecosistema cripto. Los encuentros de Milei con estos empresarios podrían tener implicancias graves si se demuestra que hubo influencias indebidas o acuerdos comerciales no declarados.
📊 ¿Usó Milei recursos públicos para promocionar el proyecto?
La pregunta clave es si Milei actuó como funcionario público en estas interacciones o como promotor privado del token Libra. La falta de documentación oficial sobre las reuniones alimenta las especulaciones sobre la transparencia de estas acciones.
🔎 ¿Qué sigue en la investigación?
La resolución de Sandra Arroyo Salgado sobre los registros de acceso a la Quinta de Olivos podría ser un punto crucial para determinar si se utilizó el aparato estatal para impulsar iniciativas privadas. Los analistas coinciden en que este caso podría sentar un precedente en la fiscalización de las relaciones entre funcionarios públicos y sectores emergentes como las criptomonedas.
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