Un informe que circuló entre los empresarios explica las razones de las diferencias dentro del oficialismo y las opciones de política que restan para recuperar terreno de cara a las próximas elecciones
¿Cuáles son las cifras que explican la grieta dentro del oficialismo, más allá del condimento político? ¿Hay datos que justifiquen las profundas divisiones dentro del Frente de Todos? Un informe que circuló entre empresarios brinda una respuesta afirmativa y explica cuáles son las (pocas) alternativas que tiene el Gobierno para saldar estas divergencias y, sobre todo, recuperar márgenes en el año y medio de gestión que le queda y en las elecciones de 2023.
El reporte de Analytica observa que “la grieta en la coalición de gobierno es política, pero básicamente esconde abismales diferencias de manejo de la política económica”.
“Existen razones muy concretas que llevan al cristinismo, por su historia, a establecer posiciones antagónicas respecto de la orientación actual de la política económica, que alcanzaron un clímax en la rotunda negativa al acuerdo con el FMI pero que desde el propio inicio de la gestión muestran visiones opuestas en aspectos clave, como el manejo tarifario”, según el equipo de la consultora que dirige Ricardo Delgado.
En este sentido, destaca que “la profunda controversia de visiones se da en tiempos donde la aceleración inflacionaria exige respuestas inmediatas. En particular porque los muy positivos datos de empleo del cuarto trimestre de 2021 conocidos la semana pasada siguen sin lograr revertir los niveles de pobreza”.
La profunda controversia de visiones se da en tiempos donde la aceleración inflacionaria exige respuestas inmediatas
“Aun cuando el desempleo se ubica en mínimos desde 2016 (7%) y la tasa de empleo en máximos (43,6% de la población total), la vulnerabilidad social permanece”, se expresó. En buena medida, porque la recuperación del empleo de calidad en el sector privado resulta muy lenta. En contexto, “aún la región latinoamericana no recuperó los niveles de empleo de 2019, según la OIT”
En términos de pobreza, la última medición mostró una mejora de tres puntos respecto del 40,6% del primer semestre del 2021, pero se prevé que con una inflación que rondará el 60%, rebote nuevamente al 40%, estimó el informe.
Una de las explicaciones de este pésimo dato “está en el estancamiento, a un bajo nivel, de los salarios reales desde el tercer trimestre de 2019, como resultado de una productividad también estancada”.
Por otra parte, “se atraviesa un pico histórico de los términos del intercambio, que genera ganancias extraordinarias en el sector exportador y presiona sobre los precios internos, en particular en los alimentos, que en febrero aumentaron 7,5% y para marzo posiblemente ese porcentaje sea un piso”.
Una de las principales razones de la mala situación económica está en el estancamiento de los salarios reales desde el tercer trimestre de 2019, como resultado de una productividad también estancada
Estas condiciones objetivas, según Analytica, “profundizan la grieta en el oficialismo, ya que aparecen las necesidades tanto de redistribuir ingresos como de contener las presiones inflacionarias”, tal como lo expresaron en los últimos días diversos referentes del kirchnerismo, como el gobernador bonaerense Axel Kicillof.
Claro que, como sostiene Analytica, “en la posibilidad fáctica de hacerlo, con el Fondo de auditor, está el núcleo del conflicto”. “De cara a las presidenciales de 2023, no aliviar el cuadro social socavará las chances oficialistas de captar la porción de las clases medias que definen una elección hoy pareja”, agrega.
En este sentido, se resaltó que “el dilema del cristinismo es que la actual dinámica de crecimiento, generación de empleo y los nuevos términos del intercambio no derrama sobre los indicadores sociales y los instrumentos utilizados para alcanzar esta redistribución en la gestión CFK ya no están disponibles, porque hay un acuerdo con el FMI”. También, porque los stocks que existían en aquel momento se gastaron y no hubo una política fiscal anticíclica que permitiera afrontar crisis como la pandemia o la actual guerra en Europa.
Dada esta situación, “es probable que, al igual que lo sucedido en 2020, haya nuevos retrocesos en la participación del trabajo en el ingreso. Es decir, están dadas las condiciones para que los recursos extraordinarios, dada la necesidad de estabilizar la macro, no puedan ser redistribuidos”. Al respecto, la última medición del Indec sobre distribución del ingreso mostró que el coeficiente de Gini, una medición estandarizada de desigualdad, se redujo en comparación con el cuarto trimestre de 2020.
“La evolución del empleo, los salarios y la productividad en la última década refleja momentos donde los picos de empleo no fueron acompañados por la productividad y el salario”, se aclaró.
En este sentido, “es claro que, a pesar de la fuerte recuperación del empleo en la última parte de 2021, la productividad sigue en niveles mínimos, y estancada desde hace una década: 11% por debajo de 2011-15 y -7% de 2016-19. Esto dificulta la posibilidad de recuperar los salarios reales en contextos como el actual. Como se observa, los salarios siguen a la productividad desde el inicio de la crisis en 2018″.
Las diferencias conceptuales
En este eje, presuntamente, “se abre la diferencia conceptual de la gestión Fernández con el cristinismo. En el segundo gobierno de Cristina Kirchner (2011-2015), los salarios reales crecieron a pesar del estancamiento de la productividad”. Esta mejora se logró “alterando los precios relativos a través de tres mecanismos típicos:
En el segundo gobierno de Cristina Kirchner (2011-2015), los salarios reales crecieron a pesar del estancamiento de la productividad
-”Planchar tarifas respecto de la inflación, lo que aumenta el poder de compra de los ingresos en pesos. Dado que los servicios públicos son muy inelásticos, al menos a cierto nivel de consumo, reducir sus precios hace caer la participación del gasto en electricidad, gas y agua en la canasta de consumo de las familias, liberando recursos para el consumo de otros bienes y servicios”.
-”Apreciar el tipo de cambio real. Gran parte del consumo aspiracional está compuesto de bienes y servicios transables (bienes durables, viajes al exterior, etc.). Por lo tanto, retrasar el tipo de cambio aumenta el poder de compra de los salarios en este tipo de bienes y servicios”.
-”Aumentar las retenciones a las exportaciones, lo que no sólo incrementa la recaudación fiscal y descomprime las presiones para aumentar las tarifas, sino que también disminuye el traslado a la inflación de los precios de las exportaciones”.
Claro está que “todas estas estrategias ahora están limitadas por el acuerdo con el FMI y, más estructuralmente, por una inflación superior y más consolidada a la de entonces”.
“El instrumento más discutido y obvio es la política sobre las tarifas públicas. El FMI requiere que el ajuste fiscal provenga del recorte de los subsidios a la energía, lo que dividió aguas al interior del gobierno. Por su parte, no hay espacio para una mayor apreciación cambiaria. El divorcio entre productividad y salarios entre 2011 y 2015 se dio a un costo muy marcado en términos de reservas netas del Banco Central (medidas en meses de importaciones)”, admitió el informe del equipo que dirige Claudio Caprarulo.
A su vez, “los términos de intercambio tocaron máximos, el tipo de cambio se apreció (entre 2011 y 2013). Cuando se estabilizaron, también lo hizo el tipo de cambio real. Aun así, entre 2013 y 2014 se siguieron perdiendo reservas por los efectos de la apreciación”.
“El último tramo de la segunda gestión de CFK se atravesó con una fuerte apreciación y agotamiento de las reservas netas”, por la falta de crecimiento y por el uso de estos recursos para pagar la deuda del país en lugar de arreglar la situación con los acreedores externos para volver al mercado voluntario.
Dilemas y tentaciones
Ante la imposibilidad de “generar las condiciones para aumentos sustanciales del salario real que alivien la condición social, el gobierno podría estar tentado de contener a los sectores más golpeados mediante transferencias directas del Estado (bonos para jubilaciones, apoyo a programas sociales, asignaciones familiares, etc.)”. Cabe recordar que en 2021 “este gasto representó 11,8% del PIB, de los cuales 8,1% se destinaron a jubilaciones y pensiones”.
El gobierno podría estar tentado de contener a los sectores más golpeados mediante transferencias directas
“Un eventual incremento de estas partidas complicaría el cierre fiscal de la meta acordada con el FMI, está claro. Pero reducirlas llevaría a resultados igualmente indeseados”.
“Estas tensiones permanentes de concepto seguirán marcando el rumbo del gobierno en su último tramo de gestión”, concluyó Analytica, como fiel reflejo de los disparos cruzados cotidianos entre las diferentes facciones del oficialismo, mientras la sociedad mira con asombro a la espera de algún alivio.
Fuente: Infobae
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