El gobierno argentino ha dado inicio a la privatización de cuatro represas clave ubicadas en Neuquén y Río Negro, en un proceso regido por el decreto 895/2024. Estas represas, que suman una capacidad de generación de más de 4.000 MW, son fundamentales para el suministro eléctrico del país. La medida genera preocupación debido a su posible impacto en la soberanía energética, el manejo del recurso hídrico y la exclusión de las provincias dueñas de los recursos naturales involucrados.
Represas afectadas por el proceso
Alicurá: Capacidad de 1.050 MW, operada por AES.
El Chocón: Capacidad de 1.200 MW, operada por Enel.
Cerros Colorados: Capacidad de 500 MW, operada por Aconcagua.
Piedra del Águila: Capacidad de 1.440 MW, operada por Central Puerto.
Estas concesiones han vencido recientemente, y ahora se busca transferir el control a manos privadas mediante la venta de paquetes accionarios mayoritarios.
Preocupaciones provinciales y falta de participación
Tanto Neuquén como Río Negro han manifestado su descontento debido a la falta de consulta en este proceso, considerando que, según la Constitución Nacional, las provincias son titulares de los recursos naturales. Esta exclusión puede tener repercusiones en la autonomía y el reparto de los beneficios económicos derivados de estos activos estratégicos.
Impacto ambiental y económico
El manejo del recurso hídrico y los posibles riesgos ambientales son aspectos críticos. Estas represas regulan el caudal de los ríos Limay y Neuquén, esenciales para el riego, el abastecimiento de agua potable y la prevención de inundaciones. La privatización podría priorizar la rentabilidad económica sobre la sostenibilidad ambiental y social, lo que genera inquietud en las comunidades locales.
Además, la entrega de estas infraestructuras a manos privadas extranjeras podría comprometer la soberanía energética de Argentina y aumentar la dependencia del país de actores externos.
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