El objetivo de la Ley es garantizar y establecer la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático para las personas que se desempeñen en la función pública.
La Legislatura rionegrina aprobó este miércoles, en segunda vuelta y por unanimidad, la adhesión a la ley nacional Nº 27.592, conocida socialmente como “Ley Yolanda”.
“El objetivo de la Ley es garantizar y establecer la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático para las personas que se desempeñen en la función pública. Los lineamientos generales de la capacitación deberán contemplar como mínimo información referida al cambio climático, a la protección de la biodiversidad y los ecosistemas, a la eficiencia energética y a las energías renovables, a la economía circular y al desarrollo sostenible, así como también deberán contener información relativa a la normativa ambiental vigente”, resaltó Facundo Montecino Odarda, uno de los autores del proyecto de autoría compartida con los legisladores José Luis Berros (Frente de Todos), y Helena Herrero (JSRN).
Montecino Odarda también acentuó el compromiso asumido por parte del gobierno nacional de reducir en un 26% las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030 en este plan de acción global enmarcado dentro del Acuerdo de París.
El parlamentario ya había expuesto en la primera sesión los grandes problemas hídricos que tienen las localidades de Sierra Grande e Ing. Jacobacci, señalando una gran dicotomía con la actividad minera a cielo abierto y con uso de cianuro que se pretende desarrollar en esta última.
“Y si de minería contaminante hablamos, no podemos dejar de mencionar el proyecto localizado en la zona denominada Bajo de Santa Rosa y Salinas de Trapalco donde se pretende extraer uranio sobre un terreno sumamente importante, con un patrimonio histórico incalculable, allí se debería interceder con perspectiva ambiental” planteó.
En ese mismo sentido argumentó que Río Negro tiene varios pasivos ambientales, problemas como los residuos de plomo en la costa de San Antonio Oeste, la falta de tratamiento sobre los desechos de la pesca de langostinos en cercanías a la creciente localidad de Las Grutas, la falta de contención del hierro hecho polvo en el puerto mineralero de Sierra Grande, provocando inmensas voladuras en la costa.
“Resulta evidente que -como provincia- tenemos una necesidad urgente de dotar de las herramientas que prevé la Ley Yolanda a todos aquellos que directa o indirectamente inciden sobre el diseño y aplicación de las políticas públicas y la normativa vigente en nuestro país”, concluyó. (VDM Noticias)
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